La trata sexual es un delito que genera ganancias monetarias millonarias. También es una forma de violencia que afecta en particular a niñas, niños, adolescentes y mujeres. Aprobado en abril de 1852, el Protocolo de Palermo busca proteger a las personas del delito de trata, al que lo define de esta forma: “La captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación. Esa explotación puede ser sexual y puede incluir los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre o la extracción de órganos”. Además, hace énfasis en que las situaciones de trata se pueden identificar si se detecta la movilización de una persona desde la captación, el reclutamiento, el traslado y la retención; y el empleo de medios como el uso de la fuerza, el abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad, el engaño, la amenaza, el fraude, el rapto, la recepción de beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra y distintas formas de vicios del consentimiento.

Las mujeres de entre 18 y 30 años son las más propensas a ser víctimas de trata. Las adultas son sometidas a la trata internacional, mientras que las adolescentes a partir de los 16 años están más expuestas a la trata dentro del territorio nacional. Por otro lado, las mujeres trans son más vulnerables a la posibilidad de caer en redes de trata, ya que encuentran en el trabajo sexual una salida laboral posible y frecuente.

Según la Organización de las Naciones Unidas, la trata de personas es el tercer negocio ilícito más lucrativo a nivel mundial, después del tráfico de armas y del tráfico de drogas. El objetivo más común de la trata de personas es el comercio sexual de mujeres. A diferencia del caso del comercio sexual de varones, está relativamente avalado y protegido por creencias religiosas y prácticas culturales que generan un ideal de “mujer como objeto”, herramienta de placer sexual y reproducción, con un rol de género asociado a la fragilidad y la inferioridad.

El cuerpo de la mujer puede ser considerado un producto sexual con valor comercial. En el caso de que sea una decisión y no una imposición –y de que la mujer sea mayor de 18 años–, se trata de trabajo sexual, una actividad laboral que existe y que merece una regulación responsable en todos los países para dar garantías sanitarias y de seguridad a las mujeres que deciden dedicarse a esta actividad laboral. Cuando hay algún tipo de subordinación o violencia y la mujer es obligada, contra su voluntad, a prostituirse o a comercializar su cuerpo de alguna forma se trata de una situación de explotación.

La antropóloga feminista Marcela Lagarde sostiene que existe una vinculación muy fuerte entre la trata de niñas y mujeres y la violencia feminicida. La describe como un “tipo de violencia institucional”, porque “el Estado no garantiza la libertad, los derechos humanos ni la ciudadanía de las mujeres”, a lo que se suma el alto riesgo en términos de seguridad al que están expuestas las víctimas.

¿Dónde denunciar?

La trata de personas, el tráfico de personas y los delitos de explotación sexual comercial y no comercial de niñas, niños y adolescentes pueden denunciarse en:

Dirección General de Lucha Contra el Crimen Organizado e Interpol
Departamento de Investigación de Delitos Especiales
Teléfono: 152 4600 / 4603 - 2 900 68 64
Correo electrónico: dide@minterior.gub.uy
El servicio está disponible las 24 horas, todo el año.

La publicación Trata sexual en Uruguay. Alcances y limitaciones de la asistencia a víctimas es la tesis de maestría de Andrea Tuana en Políticas Públicas y Género de FLACSO Uruguay. “Quise trabajar el tema porque es un problema de desigualdad de género muy grave que ocurre en nuestro país, pero todavía no está en un lugar social y de políticas públicas que lo consideren relevante’, explicó a la diaria.

Este trabajo fue presentado el 9 de mayo en la sala Pasaje Acuña de Figueroa del Palacio Legislativo. Contó con el apoyo de la organización no gubernamental El Paso y la Embajada de Suiza, que dio el apoyo económico necesario para que la publicación sea gratuita y de libre acceso digital.

El Paso trabaja por la defensa de los derechos humanos de niñas, niños, adolescentes y mujeres “especialmente afectados por la violencia, el abuso sexual, la discriminación y la exclusión social”. Sus acciones están caracterizadas por el “desarrollo de estrategias de intervención en el campo social y comunitario, la incidencia en políticas públicas y la producción y transferencia de conocimientos en forma permanente”.

Tuana considera que la trata de mujeres “es producto de la desigualdad de género porque la violencia hacia las mujeres constituye una grave vulneración de los derechos humanos y las libertades fundamentales. Las asimetrías de poder históricas entre varones y mujeres están estructuradas en un modelo patriarcal, heteronormativo y adultocéntrico”.

Para la Red de Periodistas de Género, la trata de personas es “una violación de los derechos humanos: a la autonomía, a la vida, a la integridad personal, a la salud, a estar libre de violencia, a no sufrir esclavitud ni servidumbre forzada, a la libertad, a no sufrir discriminación en razón del género, así como de los derechos sexuales y reproductivos”. Consideran que las vulneraciones de los derechos de las víctimas de trata ocurren de forma continua y sin interrupción. Abarca las zonas de origen y las de tránsito, hasta llegar al lugar donde son sometidas a explotación.

Tuana explica en su trabajo que si bien la trata en América Latina se remonta a la época de la conquista, recién empezó a ser visible como “trata de blancas” a fines del siglo XIX, cuando comenzó a estar estrechamente asociada a las corrientes migratorias hacia el “nuevo mundo”. “Mujeres polacas, rusas y francesas eran trasladadas a países de Sudamérica con la promesa de matrimonio o de mejoras sustantivas a su calidad de vida y estatus”, sostiene.

Explica que para llevar este negocio adelante se forma una red, conformada por distintos actores y factores: captadores, receptores, intermediarios, transportadores y controladores, entre otros. Además, “supone cierta connivencia de autoridades que, ejerciendo distintos actos de corrupción, colaboran en esta cadena en la que se puede identificar una sumatoria de hechos ilícitos que, concatenados uno tras otro a través de poderosas redes delictivas logran someter a personas a condiciones infrahumanas”.

En nuestro país la trata de personas existe desde siempre, pero, según sostiene Tuana, son muy pocos los casos que se han registrado y tramitado mediante un mecanismo de denuncia judicial. No son frecuentes las denuncias por casos de trata. En ocasiones en las que se han descubierto redes, por lo general esto fue posible a partir de otro tipo de denuncias –por ejemplo, de abuso sexual de un familiar–, y la investigación conduce a descubrir que además se sometía a esa víctima –por lo general, menor de edad– a mantener relaciones sexuales con otras personas a cambio de dinero que obtenía el adulto a cargo de la persona abusada.

La psiquiatra francesa Marie France, especializada en acoso moral y psicológico, sostiene que el abusador, el que domina, hace un “lavado de cerebro” a la víctima, que se convierte en “cómplice” de quien la oprime debido a su estado mental. Esto, afirma, “en ningún caso es consentimiento, sino que significa haber quedado tan cosificada que se vuelve incapaz de tener pensamiento propio y sólo puede pensar igual que su agresor”.

Los daños que se generan en este tipo de situaciones son tan importantes que, además de las secuelas físicas, se generan traumas que a veces son irreversibles.

Servicios

En Uruguay, el Instituto Nacional de las Mujeres, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social, es el ente encargado de fomentar las políticas que tienen como objetivo erradicar la violencia basada en género. También se encarga de implementar y monitorear las políticas públicas de derechos humanos, sobre la base de los compromisos regionales e internacionales en la materia. A su vez, vela por los derechos humanos, género, generaciones, étnico-racial, discapacidad y diversidad sexual en las políticas públicas de enfrentamiento a la violencia basada en género, y busca contribuir al cumplimiento del “Plan de Acción 2016-2019: por una vida libre de violencia de género, con mirada generacional”.

En su trabajo Tuana concluye que el servicio de atención con el que cuenta el país está alineado con los estándares internacionales. “Una de las cosas importantes que destaco es que en otros países se brinda la asistencia a las víctimas, asistencia personalizada, siempre y cuando la víctima se comprometa a la denuncia. En Uruguay no son dos cosas que estén ligadas, por lo que cumple con el estándar más alto: poner en el centro a las mujeres víctimas y brindar lo que sea necesario. La limitación radica en que el servicio de atención está pensado para una persona que pueda sostener la ida al servicio –en el día y a la hora pautada–, así como las entrevistas, que de alguna forma pueda seguir un proceso de acompañamiento psicológico; lleva tiempo y disposición que le permita acercarse, comprometerse y seguir el proceso. Muchas de estas mujeres tienen unos niveles de daño tan profundos que no logran tener esa disposición”.

El Paso trabaja para que haya un centro diurno más abierto, más flexible y que permita a las mujeres llegar en el tiempo que lo necesiten: si quieren estar allí todos los días o ir dos veces por semana; que la herramienta de trabajo terapéutica no sea exclusivamente la palabra. La idea es que se pueda hacer cosas con las manos, como artesanías, talleres lúdicos y recreativos. Que además de la inserción laboral, puedan encontrarse con otras mujeres para contar con una palabra diferente en un lugar donde se sientan referenciadas, contenidas y a donde puedan llegar permanentemente, sin horario ni agenda.

Tuana analiza las políticas públicas utilizadas en el tratamiento de esta problemática. Parte de la hipótesis de que se trata de un tipo de violencia basada en género. Considera que el miedo de algunos actores sociales y víctimas a actuar y presentar denuncias de estos casos está muy presente. En su presentación explicó que antes de abordar esta tesis sintió temor a investigar el tema, “porque estas redes de criminales son muy peligrosas”. Además, explicó que algunas autoridades gubernamentales tienen poca conciencia del fenómeno y cuentan con escasas competencias para trabajar en su resolución.

.