Las mujeres vivimos situaciones de violencia de género en todas las etapas de nuestras vidas, en cualquier momento del año, sin importar la hora del día, tanto en espacios públicos como en ámbitos privados. Es una violencia específica, una que nos sojuzga, humilla, acosa, golpea, abusa, viola y mata por el simple hecho de ser mujeres. Una violencia que tiene consecuencias sobre nuestros cuerpos. Que deja secuelas físicas, psicológicas, sociales y emocionales. Que nos quiere imponer una forma de ser, vestir, decir y actuar. Que nos hace sentir inseguras incluso –y especialmente– en nuestras propias casas. Se trata de una violencia basada en relaciones desiguales de poder en las que –históricamente– quienes dominan son los varones.

La Ley 19.580, de Violencia hacia las Mujeres Basada en Género, define la violencia de género como “una forma de discriminación que afecta, directa o indirectamente, la vida, libertad, dignidad, integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, así como la seguridad personal de las mujeres”. Es un fenómeno que no distingue edades, clases sociales, orígenes étnicorraciales o creencias religiosas, aunque las desigualdades siempre se profundizan cuando distintas categorías sociales o identidades se intersecan.

En Uruguay, casi siete de cada diez mujeres han vivido situaciones de violencia basada en género y generaciones en algún momento de su vida, según reveló la Primera Encuesta Nacional de Prevalencia de Violencia Basada en Género y Generaciones, realizada en 2013 por el Instituto Nacional de Estadística (INE), que es por el momento la que aporta los datos más actualizados. La violencia en la pareja es la más común: más de 45% de las mujeres uruguayas vivió algún tipo de violencia por parte de su pareja a lo largo de la vida.

Una segunda encuesta nacional de violencia de género y generaciones se realizó entre mayo y agosto de este año, pero al momento de escribir esta nota estaba en período de análisis, aseguró el INE a la diaria. Fuentes del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) confirmaron que los resultados serán presentados de manera oficial en los próximos días.

Durante los primeros nueve meses de este año, el Ministerio del Interior (MI) recibió un total de 29.467 denuncias por violencia de género, lo cual se traduce en un promedio de casi 108 por día. Este número no discrimina género –los datos disgregados serán anunciados por la cartera el jueves–, pero el historial (y la historia) muestra que siempre la mayoría de las denunciantes son mujeres. El año pasado, por ejemplo, 76% de las denuncias por violencia doméstica fueron hechas por mujeres.

Por otro lado, el MI realizó 820 conexiones de tobilleras electrónicas entre enero y setiembre de este año y cerca de 60 reconexiones o prórrogas. La cifra es la más alta desde que empezó a funcionar el programa de monitoreo, en febrero de 2013. La valoración sobre la utilidad de las tobilleras en general es buena, aunque tiene varios cuestionamientos por su carácter temporal e invasivo. Hasta el 3 de noviembre de este año, las cifras oficiales del MI registran 19 femicidios en Uruguay. La Coordinadora de Feminismos, que incluye otro tipo de homicidios contra mujeres, aumentó a 30 esta cifra en la alerta feminista realizada el jueves.

25N

Hoy se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, una fecha que el movimiento feminista latinoamericano empezó a reivindicar en la década de 1980 en recuerdo del asesinato de las hermanas Patria, Minerva y María Teresa Mirabal el 25 de noviembre de 1960 en República Dominicana, y que en 1999 asumió la Organización de las Naciones Unidas. En el marco de la conmemoración, dos movilizaciones tendrán lugar hoy de tarde en el centro de Montevideo. El colectivo Mujeres de Negro y la Intersocial Feminista convocan a concentrarse a las 18.30 en la plaza Independencia para marchar hacia la explanada de la Intendencia de Montevideo, donde leerán una proclama. El lema de este año será “Siempre en nuestra memoria”, en recuerdo de todas las mujeres que fueron asesinadas por la violencia machista, según adelantó a la diaria Montserrat Montero, integrante de Mujeres de Negro.

Otra manifestación es convocada por la Coordinadora de Feminismos a las 19.00 en la plaza Libertad, bajo la consigna “Vienen por nosotras, vienen por todo. Contra la muerte, despatriarcalizamos la vida”. Una de las integrantes de la coordinadora, Ivana Silvera, dijo a la diaria que será “una intervención que involucra el pensamiento y el cuerpo, relacionada a todas las formas de violencia que se han ejercido sobre nuestros cuerpos a lo largo de toda la historia y en particular en este momento en América Latina y otros lugares del mundo”.

Las conquistas normativas

Uruguay realizó en los últimos años dos avances importantes en materia normativa para dar más garantías a las mujeres que atraviesen situaciones de violencia de género. En octubre de 2017, el Parlamento aprobó un proyecto de ley que modificó el Código Penal e introdujo el femicidio como figura especialmente agravada del homicidio a una mujer por su género. Las penas para este delito pueden alcanzar el máximo en Uruguay: 30 años de prisión. También se pueden sumar 15 años más de penitenciaría por medidas de seguridad. Las modificaciones establecieron, entre otras cosas, que para tipificar el delito de femicidio tiene que probarse que entre la víctima y el agresor había un vínculo de “afectividad e intimidad de índole sexual”, un elemento que aparece como fundamental si se tiene en cuenta que, según las estadísticas, en la mayoría de los casos el femicida era pareja o ex pareja de la víctima.

Si estás viviendo una situación de violencia de género podés llamar a la línea de orientación y apoyo que gestiona Inmujeres: 0800 4141. Los servicios son gratuitos, confidenciales, de alcance nacional y funcionan los 365 días del año: de lunes a viernes de 8.00 a 00.00; sábados y domingos de 8.00 a 20.00. En casos de urgencia, el instituto recomienda llamar directamente al 911.

En diciembre de 2017 se registró otro avance legislativo, cuando se aprobó la Ley 19.580, que amplía y profundiza lo establecido por la Ley de Violencia Doméstica aprobada en 2002. La iniciativa fue celebrada por organizaciones sociales porque, entre otras cosas, reconoce la violencia de género como un problema de salud pública. Tipifica 18 formas de violencia –y no cuatro, como la ley anterior–, identifica los derechos que tienen las víctimas y establece cuáles garantías les deben ser dadas durante los procesos administrativos o judiciales. Otro de los logros centrales de la ley es que reconoce que las niñas, niños y adolescentes pueden ser víctimas de violencia de género. Al mismo tiempo, exhorta a que el sistema de respuesta a la violencia basada en género hacia las mujeres sea “integral, interinstitucional e interdisciplinario” e incluya “acciones de prevención, servicios de atención, mecanismos que garanticen el acceso eficaz y oportuno a la Justicia, medidas de reparación, el registro y ordenamiento de la información, la formación y capacitación de los operadores y la evaluación y rendición de cuentas”.

La ley fue promulgada en enero de 2018. Desde ese entonces, los distintos organismos del Poder Ejecutivo han impulsado reorganizaciones institucionales, revisiones de procedimientos y capacitaciones para adecuarse a lo establecido por la norma. Sin embargo, organizaciones sociales y colectivos feministas cuestionan que la ley no está siendo implementada y reclaman que se le destine más presupuesto. “El Poder Judicial en particular no ha hecho ninguna implementación de la ley de violencia basada en género. Para nosotras ese es un reclamo específico para el próximo gobierno”, afirmó en este sentido Andrea Tuana, una de las voceras de la Intersocial Feminista, a la diaria. “La ley no se está cumpliendo, por ejemplo, en cuanto a la transformación de los juzgados. El acceso a la Justicia de las víctimas de violencia basada en género es un desastre, hay problemas como la revictimización y la impunidad”, consideró. “Se necesita un cambio importante”, agregó, “y tiene que ser un cambio estructural sobre cómo la Justicia se está posicionando en relación a los temas de violencia”.

La implementación: un proceso a medio camino

En diálogo con la diaria, la directora de Inmujeres, Mariella Mazzotti, analizó cómo se viene aplicando la ley. Dijo que en relación a las directivas en materia de política pública y a los mandatos que tienen los distintos ministerios para trabajar ha habido “avances parciales”, y enumeró algunos ejemplos, como el nuevo decreto reglamentario del Ministerio de Salud Pública que incluye la violencia obstétrica, el proceso de adecuación de la normativa interna y procedimientos del MI a la nueva ley, así como el trabajo del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente para dar respuestas habitacionales a mujeres en proceso de salida de situaciones de violencia de género o el grupo de trabajo que se creó entre Inmujeres, el Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay y la Suprema Corte de Justicia para avanzar en reglamentaciones que cumplan con artículos de la ley vinculados con niñas, niños y adolescentes.

En relación al sistema de respuestas, Mazzotti dijo que lo más notorio es el aumento presupuestal que tuvieron en 2018 tanto algunos ministerios como Inmujeres para hacer campañas contra la violencia de género. “Sabemos que la sociedad civil dice que es insuficiente, yo diría que también, pero en el último año de una rendición de cuentas era lo posible”, reconoció la directora. “De cara al próximo presupuesto quinquenal, de acuerdo con la proyección presupuestal que venimos haciendo, creo que se tiene que triplicar el presupuesto que está asignado a los distintos ministerios para dar respuesta a la ley”, agregó.

Por otro lado, Mazzotti mencionó como otro avance que los fiscales hayan asumido las nuevas figuras penales de manera “cabal”. Sin embargo, al igual que Tuana, vio con “gran preocupación” que el Poder Judicial todavía no haya creado los juzgados especializados en violencia basada en género como mandata la ley, ya que son necesarios para “unificar los procedimientos” y evitar así, entre otras cosas, “revictimizar” a quienes denuncian estas situaciones.

A la hora de analizar cómo ha evolucionado la sociedad uruguaya respecto de la violencia de género, Mazzotti opinó que hoy en día la gente “es consciente de que es un problema”, en parte gracias a “las distintas movilizaciones del movimiento de mujeres y feminista”, que han contribuido a visibilizar la problemática. De todas formas, consideró que “todavía cuesta entender que las pautas culturales machistas y estereotipadas que segregan a mujeres y varones producen violencia”.