América Latina vive hoy el avance de grupos ultraderechistas, conservadores y religiosos que intentan revertir los avances vinculados a la agenda de derechos sexuales y reproductivos, a la igualdad de género y a la diversidad sexual. A todos los une un enemigo común: la llamada “ideología de género”, un concepto que surgió en las esferas religiosas para englobar iniciativas que consideran que atentan contra “la moral” y los modelos tradicionales de familia, generalmente impulsadas por los feminismos y el movimiento LGBTI.

En los últimos 15 años, Uruguay se ha convertido en un país de avanzada en la conquista de estos derechos al haber aprobado distintas leyes sobre aborto legal, matrimonio igualitario, identidad de género o violencia basada en género. La contracara fue la arremetida de organizaciones civiles y representantes políticos religiosos que intentaron frenarlas. El caso más reciente es el del prerreferéndum realizado en agosto para derogar la Ley Integral para Personas Trans.

Los intentos fracasaron, pero en ocasiones la resistencia de estos grupos enlenteció los debates parlamentarios o logró que se introdujeran modificaciones a los proyectos originales. Su irrupción en escena también dejó planteadas algunas interrogantes, tanto en el movimiento social como en la academia: ¿quiénes integran estos grupos?; ¿en qué momento lograron instalar su agenda?; ¿cómo trabajan?; ¿cuál es el alcance de su discurso y el nivel de influencia?

El observatorio global de políticas públicas sobre salud sexual y reproductiva, Sexuality Policy Watch, quiso encontrar las respuestas, y el año pasado se propuso analizar el desembarco de los grupos antiderechos en diez países de América Latina, incluido Uruguay. La idea era rastrear sus orígenes, desentrañar sus discursos, estudiar sus estrategias, conocer a sus principales voceros y tratar de entender, así, por qué hoy tienen la pisada tan fuerte en el continente.

En Uruguay el estudio estuvo a cargo de Lilián Abracinskas y Santiago Puyol, integrantes de la organización Mujer y Salud en Uruguay (MYSU), junto con los expertos en religión Nicolás Iglesias y Stefanie Kreher. Los resultados quedaron plasmados en el libro Políticas antigénero en Latinoamérica: Uruguay, el mal ejemplo, presentado el mes pasado en el Ministerio de Transporte y Obras Públicas.

La conclusión principal del estudio es que las fuerzas antigénero nacionales y regionales ven a Uruguay como el “mal ejemplo” –de ahí el título del libro– por los avances logrados en la agenda de derechos, lo que convierte al país “en un blanco clave de sus estrategias de largo plazo de recristianización de la región”. El equipo de expertas y expertos asegura en este sentido que el carácter laico del Estado uruguayo “no ha sido un factor suficiente para desestimular la presencia y crecimiento” de estos grupos en el país, ni tampoco para “evitar que sus intervenciones logren ciertos niveles de impacto e influencia”.

De hecho, alertan sobre la incidencia de organizaciones religiosas en la implementación de políticas públicas y califican de “preocupante” la presencia en el sistema político de “grupos explícitamente de derecha que entre sus líderes cuentan con pastores neopentecostales y católicos carismáticos, empresarios neoliberales y también militares vinculados a la dictadura y a la doctrina de la seguridad nacional”. Preocupa, dicen, porque cuestionan las políticas sociales dirigidas a reducir todas las brechas de desigualdad.

El mapeo era necesario porque en Uruguay “se subestimó la existencia, la participación y la acción de estos grupos antigénero, en parte porque siempre los ubicamos como cierto sector minoritario del país, extremadamente fanático y que no tenía mayor repercusión”, dijo Abracinskas, directora de MYSU, durante la presentación del libro. Pero, lejos de constituir una minoría, la investigación reveló que tienen una “estrategia de injerencia e interferencia, porque su propósito es alcanzar los lugares del Estado para desde allí imponer sus creencias”, aseguró la referente feminista.

Iglesias, por su parte, consideró que la instalación de estos discursos “contra los derechos humanos” en el Parlamento obliga a discutir sobre “la necesidad de fortalecer el sistema democrático”. “No creo que las iglesias deban actuar en los sistemas partidarios”, opinó, “creo que hay una distinción entre la esfera civil y la esfera religiosa que debe ser respetada; estamos en un Estado laico”.

Los antecedentes

La investigación reveló que la primera aparición explícita de discursos contra la “ideología de género” en Uruguay tuvo lugar en 2009. Pero antes ya se registraban acciones y discursos “antigénero” por parte de grupos católicos y ramas evangélicas. De acuerdo con la investigación, uno de los principales antecedentes de este siglo fue un documento difundido en 2007, en el que la iglesia católica declaró explícitamente la “batalla” contra la “ideología de género” en América Latina y que en Uruguay sirvió como sustento teórico para que grupos autoproclamados “provida” desarrollaran acciones para impedir el avance de la agenda de derechos sexuales y reproductivos.

En el ámbito evangelista, los orígenes del discurso antigénero fueron rastreados en las iglesias neopentecostales, que se basaron en la llamada “teología de la prosperidad” para instalar la idea de que “Dios da en relación a lo que el ser humano brinda”. Este concepto caló hondo especialmente en las clases más populares. En esta categoría se encuentra la Iglesia Universal del Reino de Dios, conocida por su lema “Pare de sufrir”, creada en Brasil y que desembarcó en Uruguay durante la crisis económica de 2002.

En ese período también apareció el pastor evangélico argentino Jorge Márquez, que fundó organizaciones para personas en situación de vulnerabilidad y adquirió medios de comunicación, lo que le dio rápidamente popularidad y adhesión pública. En este contexto, dice la publicación, aparecieron “otras organizaciones de corte no explícitamente religioso que tendrán un importante rol en la propagación de discursos antigénero”.

Un proceso gradual

El estudio plantea tres momentos “de condensación” para ubicar los hitos que en la última década muestran las “sinergias” de estos grupos católicos y evangélicos con otros actores sociales y políticos que llevaron a que se constituyan como principales fuerzas organizadas contra la “ideología de género”.

El primer período empezó en 2009, cuando representantes políticos explicitaron por primera vez su religiosidad y “no la ocultaron detrás del uniforme laico”. Los autores mencionan a dirigentes del Frente Amplio como la mãe afroumbandista Susana Andrade o los católicos Héctor Lescano y Juan Andrés Roballo. En paralelo, Carlos Iafigliola (Corriente Social Cristiana) y Álvaro Dastugue (Misión y Vida), del Partido Nacional (PN), formaron la alianza bajo el lema Cristianos por Uruguay, uniendo fuerzas entre el sector católico conservador y el evangelista.

En 2013, meses después de que el Parlamento uruguayo aprobó la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, estos políticos religiosos, junto a otros del Partido Colorado y del Partido Independiente, además de organizaciones civiles, fueron por más y formaron la Coordinadora por la Vida. Este grupo llegó a impulsar un prerreferéndum para derogar la ley de legalización del aborto, pero fracasó; la adhesión fue inferior a 10%.

La primera etapa terminó a fines de 2013 con un acuerdo no oficial al que suscribieron la entonces diputada Verónica Alonso y el pastor Márquez. En ese pacto, señala el libro, “se refuerzan y evidencian los lazos entre la iglesia neopentecostal y el PN”.

El segundo momento empezó a comienzos de 2014 con la consolidación del “proceso de legitimidad popular de los grupos antiaborto a través de la acción social, participación política local y comunitaria, y acumulación de trabajo desde sus organizaciones”, apunta el libro. En esta etapa fortalecieron los vínculos con representantes antigénero internacionales y, de cara a las elecciones nacionales, multiplicaron listas para incrementar su representación parlamentaria. Finalmente, en octubre los resultados electorales mostraron “que la articulación evangelicalista se concretó”, con el ingreso de Alonso al Senado y el de otros políticos religiosos –como Dastugue– a la Cámara de Representantes.

Ya para 2016 se habían multiplicado las agrupaciones de “ciudadanos que luchan por sus derechos”, organizaciones con base religiosa y la misma agenda fundamentalista, pero un discurso “secular”. Tal es el caso de Con mis Hijos no te Metas.

El último momento, que es el que vivimos actualmente y que la investigación calificó “de condensación definitiva”, comenzó a principios de 2017 y se caracteriza por la adopción de discursos pseudocientíficos para “superar las limitaciones que el discurso religioso tiene para amplios sectores de la sociedad uruguaya, en particular los más educados, con concepciones más progresistas o posturas más abiertamente ‘laicas’”. Otro factor fundamental es la apelación constante a la “posverdad” y a los “alternative facts”. Y los ataques.

En este sentido, la publicación asegura que en los últimos cinco años “se han registrado en Uruguay ataques hacia colectivos feministas, organizaciones que proveen servicios de aborto y grupos de la diversidad sexual, en base a falsas denuncias ante el Poder Judicial o desde bancas parlamentarias”.

Como para avivar las chispas, a fines de 2017 el papa Francisco convocó a una reunión con obispos uruguayos y les manifestó su preocupación sobre cómo la “ideología de género” proliferaba en el país. Ese mensaje provocó que el arzobispo de Montevideo, Daniel Sturla, mostrara su oposición al proyecto de ley de violencia de género en su vuelta a Uruguay.

Durante 2018 los antiderechos concentraron todas sus fuerzas para oponerse a la ley trans, en una campaña basada en argumentos “pseudocientíficos”, “discursos transfóbicos” y “falsedades”, dice el libro, y agrega que en ocasiones tuvieron como consecuencia actos violentos contra personas trans. La ley finalmente se aprobó. Los opositores, con Iafigliola a la cabeza, respondieron impulsando el prerreférendum, que finalmente fracasó. Otra vez, menos de 10% del electorado acompañó la propuesta.

La diferencia entre esta derrota y la que tuvieron cuando quisieron derogar la ley de aborto es que, ahora, estos grupos conservadores ya no se esconden. Estuvieron presentes en la marcha del 8M de 2018 –con pancartas con consignas como “femenina sí, feminista no”– y también durante la Marcha por la Diversidad de ese año, en la que se reunieron para rezar y rociar con “agua bendita” a quienes se manifestaban.

Ese año cerró con la celebración en Maldonado del II Congreso Sudamericano por la Vida y la Familia, en el que participaron los voceros más reconocidos de la región en el combate contra la “ideología de género”, como el argentino Agustín Laje. Según la publicación, los oradores afirmaron allí que el sistema político sería la vía para ganar las instituciones del Estado y desde allí “recristianizar” la región, y no tuvieron ningún tipo de reparo al asegurar que se enfrentaban a una “guerra” que sólo finalizará cuando el “enemigo” haya sido vencido.

La afirmación cobra especial relevancia a pocos días de que el partido Cabildo Abierto (CA), cuyos dirigentes se han manifestado públicamente contra la “ideología de género”, se consolidara como la cuarta fuerza política en su primera elección nacional. Las declaraciones más explícitas fueron las del ex precandidato a vicepresidente y ahora senador electo Guillermo Domenech, que entre otras cosas dijo que “dentro de poco” quienes defienden la agenda de derechos “van a imponer por ley que la homosexualidad sea obligatoria”, y consideró que la educación sexual en las escuelas “pone en peligro la salud moral” de niñas y niños.

Las declaraciones de otro dirigente de CA, el diputado electo Martín Sodano, generaron rechazo en el movimiento feminista cuando dijo que “para algunas mujeres” el aborto es una “canilla libre” y agregó: “Si te gustó, bancátela”. CA es uno de los partidos que forman parte de la coalición opositora que apoya al candidato presidencial nacionalista, Luis Lacalle Pou.

Un mismo discurso

La investigación de MYSU señala cuáles son las características principales de los discursos de los grupos antiderechos:

  • Usan un lenguaje secular (no religioso) que apela a una “supuesta base científica y jurídica”.
  • Se apropian de la terminología de los derechos humanos (con énfasis en el “derecho a la vida”).
  • Usan expresiones racistas, misóginas, transfóbicas, xenófobas y “muy restrictivas” en relación a derechos de niñas, niños y adolescentes.
  • En general muestran un gran interés en temas de salud, educación y atención a la infancia, con especial foco en la educación sexual.
  • Tergiversan información, difunden noticias falsas y hacen comentarios en redes sociales para provocar a grupos feministas y de la diversidad sexual.