El presidente Tabaré Vázquez declaró el lunes la emergencia nacional por violencia de género mediante una resolución que incluye una serie de medidas para combatir la problemática y un “plan de emergencia” que será presentado a representantes del gobierno que asumirá en marzo, para asegurar su continuidad.

El gobierno destaca en el documento algunas políticas promovidas en los últimos años para erradicar la violencia basada en género y reconoce que las respuestas del Estado han sido “insuficientes”. Al mismo tiempo, destaca la importancia de la Ley 19.580 de Violencia Basada en Género y hacia las Mujeres pero no hace referencia a la falta de recursos que denuncian organizaciones sociales desde su aprobación a fines de 2017.

Entre las medidas establecidas por la resolución, la única propuesta concreta para responder a las situaciones de violencia hacia las mujeres es la de aumentar el número de tobilleras electrónicas de 1.000 a 1.200 en todo el país antes del final del mandato.

Las demás son disposiciones que apuntan a la prevención de la violencia por razones de género, como la difusión de campañas de concientización o la promoción de cursos virtuales para educadoras y educadores “para el fomento de masculinidades no violentas” y la detección de situaciones de abuso sexual infantil. La resolución también propone promover una reunión “de alto nivel” entre Presidencia, la Suprema Corte de Justicia y la Fiscalía para aceitar el trabajo coordinado y facilitar así el proceso de acceso a la Justicia para la protección de las mujeres, niñas, niños y adolescentes.

Las reacciones de líderes políticas, representantes del Estado y colectivos feministas empezaron a aparecer a las pocas horas de publicada la resolución presidencial y fueron diversas. La vicepresidenta electa de Uruguay, Beatriz Argimón, celebró la declaración en Twitter y aseguró que “estará apoyando todas las medidas”, aunque cuestionó que el documento no haga referencia a “las partidas económicas prometidas” cuando se sancionó la Ley 19.580.

En la tarde del martes el presidente electo, Luis Lacalle Pou, adhirió a los comentarios de Argimón al ser interrogado sobre este tema durante su mensaje de fin de año. El futuro mandatario dijo a la prensa que “entendía la declaratoria” pero aseguró que “le falta práctica”, algo que se traduce en el presupuesto.

Una de las respuestas más críticas fue la de la Intersocial Feminista, que consideró que la declaración de emergencia del gobierno es “simbólica” y “llega tarde”, ya que “no implica medidas y acciones concretas que atiendan la situación” en la que se encuentran las mujeres, según dijo Valeria Caggiano, una de sus voceras, a la diaria. Caggiano recordó además que las organizaciones que integran la plataforma exigieron que se declarara la emergencia nacional en setiembre y la respuesta que recibieron en ese entonces fue “que los mecanismos previstos para declararla no eran viables en la coyuntura política, ya que implicaban un trámite parlamentario en medio de la campaña electoral”, por lo que “preocupa” la decisión que fue tomada el lunes “en el medio de la transición”.

En la carta enviada hace tres meses a Vázquez, la Intersocial Feminista exigió que la violencia de género fuera declarada emergencia nacional para impulsar acciones como el aumento del número de tobilleras, para dar respuesta “a todos los casos”, la intervención de los equipos de salud “para agresores de alto riesgo” y el establecimiento de un “centro de referencia y articulación de respuesta para situaciones de riesgo de vida de mujeres, niñas, niños y adolescentes”. Otro de los principales reclamos de la plataforma feminista es la asignación de recursos para la implementación de la Ley 19.580, con especial énfasis en la instalación de centros y servicios telefónicos de atención especializada para víctimas de violencia de género que funcionen las 24 horas en todas las capitales departamentales del país. “Son medidas concretas en tanto suponen recursos inmediatos de llegada a la población y territorio para los aspectos que hoy no tienen respuesta o tienen una que no es suficiente”, puntualizó Caggiano. La reacción de la Intersocial Feminista no es representativa de todo el movimiento social; otras organizaciones y referentes se han manifestado a favor de la declaración de emergencia nacional.

Movilización de la Intersocial Feminista en la explanada del Teatro Solís.
Movilización de la Intersocial Feminista en la explanada del Teatro Solís.

En este sentido, para la directora del Instituto Nacional de Mujeres (Inmujeres), Mariella Mazzotti, la declaración del gobierno de Vázquez recoge “todas las dimensiones que la Ley 19.580 plantea como directiva de política pública” y significa un “profundo reconocimiento del camino recorrido y del que queda por recorrer” y de “la gravedad de las situaciones que diariamente viven muchas mujeres, niñas, niños y adolescentes”. A la vez aseguró que tiene en cuenta “el planteo que ha realizado sistemáticamente en los últimos meses el movimiento de mujeres y feminista”.

En diálogo con la diaria, Mazzotti dijo que la emergencia nacional es un “complemento de medidas concretas con una propuesta para el próximo gobierno”, que evaluará “lo que toma, lo que modifica y lo que transforma, pero que tiene un punto de partida para una rápida actuación, como la futura vicepresidenta de la república ha señalado”. La representante dijo que ese plan nacional de emergencia también implica un “aporte presupuestal específico muy ligado a la prevención de femicidios” por medio del programa de tobilleras –“que ha demostrado efectividad en este sentido”–, de campañas de bien público con información sobre la problemática, de “recursos comunitarios” y de “recursos para las mujeres para una rápida solicitud de ayuda a través de la aplicación 911 de violencia doméstica”.

Por otro lado, la directora de Inmujeres aplaudió la reunión de alto nivel que establece la resolución entre Presidencia, el Poder Judicial y la Fiscalía, que en su opinión “será muy importante para responder a nuestra preocupación sobre la definición de los desacatos y del castigo correspondiente cuando se violan las medidas cautelares”.

La declaración de la violencia de género como emergencia nacional también fue celebrada por la responsable de la división Políticas de Género del Ministerio del Interior (MI), July Zabaleta, quien aseguró que es “muy importante” que el presidente de la república “hable en primera persona y plantee que se necesita más compromiso de los propios varones”. En una entrevista en Canal 12, Zabaleta ratificó el compromiso del MI con el aumento del número de tobilleras y dijo que si bien estos dispositivos “siempre surgen como una solución”, otra solución podría ser “que los implicados estén privados de libertad”.

Consultada acerca de los pedidos para que se asignen más recursos a la normativa contra la violencia de género, la representante del MI dijo que si bien el presupuesto “es fundamental”, “no ha sido ese aspecto el fundamental para que algunas cosas de la ley no se cumplan como se tienen que cumplir”.