El movimiento feminista ha sido uno de los principales blancos del régimen de Daniel Ortega en Nicaragua. Según cifras que maneja el Movimiento Autónomo de Mujeres de Nicaragua, 57 activistas feministas están en prisión, 56 debieron exiliarse y 70 se esconden en “casas de seguridad”, como las y los nicaragüenses llaman a los refugios clandestinos. Y es que en los últimos 20 años el movimiento feminista ha sido una de las voces más potentes contra la violación de los derechos humanos y la arbitrariedad del régimen, asegura Violeta Delgado, integrante del Movimiento Autónomo. Violeta formaba parte de CINCO, un centro para la investigación en comunicación, pero su organización fue clausurada por el gobierno. La forzaron a exiliarse junto a su hijo de 15 años.

La acción del gobierno contra las feministas tiene un patrón común. Primero, se las intenta deslegitimar. Para ello se valen de los medios de comunicación afines al régimen. Autoridades gubernamentales, como la vicepresidenta Rosario Murillo, llaman a las feministas “terroristas”, “golpistas”, “abortistas”, y las acusan de atacar a la familia como institución. Luego, buscan intimidarlas. Policías o paramilitares se apostan en las casas de las activistas y las vigilan. Los mismos autos estacionados en los mismos lugares se vuelven parte del paisaje. Y finalmente, si esto no es suficiente, simplemente las secuestran, a menudo utilizando grupos paramilitares. No dan ninguna razón para el arresto, no hay órdenes judiciales; muchas mujeres son encarceladas sin siquiera tener derecho a un juicio.

No sólo las líderes feministas a nivel nacional sufren esto, sino que también sucede a nivel local. Muchas activistas han tenido que exiliarse o esconderse. Violeta afirma que la mayoría de las líderes feministas del Movimiento Autónomo están actualmente en refugios clandestinos porque el gobierno las está buscando. Después de su testimonio ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en octubre de 2018, una patrulla se instaló frente a la casa de Violeta de forma permanente, tomando fotos de su residencia. Ella tuvo que llevar a su hijo a la casa de un pariente, y días después resolvió abandonar el país junto con él.

Hubo un tiempo en que el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) representaba una esperanza para mucha gente en Nicaragua. Violeta Delgado se unió al FSLN cuando sólo tenía diez años. A los 11, participó en las campañas de alfabetización promovidas por los sandinistas. A los 15 estaba al frente de un batallón.

Pero el tiempo pasó, y las cosas cambiaron. Las feministas nicaragüenses identifican dos momentos claves de ese cambio. En 1998, la hijastra de Ortega, Zoilamérica Narváez, acusó al presidente de Nicaragua de haberla violado desde que tenía nueve años. El FSLN e incluso Rosario Murillo –madre de Zoilamérica y esposa de Ortega– apoyaron al presidente. “Lo que pasó con Zoilamérica, y también el hecho de que el partido haya negociado la impunidad de Ortega, fue una gran desilusión para la mayoría de nosotras”, recuerda Violeta.

Luego, en 2006, durante la campaña electoral, Ortega hizo una alianza con las iglesias católica y evangélica y promovió la penalización del aborto incluso en los casos en los que la vida de la madre esté en riesgo. La iniciativa fue finalmente aprobada por el Parlamento. Estos dos hechos tuvieron un fuerte impacto en el movimiento feminista.

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Dolly Mora tiene 27 años. Integra la Coalición Universitaria, que forma parte de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia en Nicaragua. “Muchas compañeras han tenido que exiliarse debido a la persecución, pero muchas nos quedamos aquí. Respetamos la decisión de muchas compañeras de abandonar el país y entendemos que el nivel de amenazas es distinto en cada caso, pero creemos que debemos permanecer aquí, que tenemos que luchar desde aquí”, dice Dolly.

Cuando tenía 11 años, su abuela la llevó a una reunión del grupo feminista Mujeres 8 de Marzo. Toda su familia apoyaba al FSLN, pero las acusaciones de Zoilamérica fueron un punto de quiebre. “Muchas feministas históricas se distanciaron del gobierno de Daniel Ortega, mientras que otras lo apoyaron. El movimiento se dividió”, recuerda Dolly. Asegura que el gobierno de Ortega no es de izquierda como proclama, sino capitalista y extractivista, ya que está dispuesto a vender los recursos del país a empresas extranjeras, en particular chinas: “Son pura retórica”.

Formas de resistencia

El año pasado, en mayo, Dolly estuvo en las ocupaciones de edificios universitarios en Managua. Hoy está en una casa de seguridad. La mayoría de las y los estudiantes que participaron en esas manifestaciones se exiliaron o sufrieron la expulsión de sus universidades, que no tienen ninguna autonomía frente al gobierno. El 17 de diciembre de 2018, varios activistas salieron de sus refugios y se encontraron en la calle para protestar contra el gobierno. Permanecieron por unos minutos parados con carteles en reclamo de libertad para las y los presos políticos. Fue como una burla para el régimen, que no tolera este tipo de manifestaciones. Luego regresaron a las casas de seguridad. Como la Policía no pudo hallar a los y las activistas, optó por arrestar a sus familiares. En el caso de Dolly, fueron hasta el domicilio de su familia y se llevaron a su madre y a su hermana a la comisaría para interrogarlas. Los policías dejaron mensajes para Dolly: “dígale a su hija que está loca”, “dígale que tiene que pedirle perdón a su país”, “avísele que vamos a llevarla a la cárcel”.

El pueblo nicaragüense tiene también otras formas de resistencia: hacer campañas contra las empresas estatales, apagones, cantar. Por ejemplo, acuerdan entonar un día, a las seis de la tarde, la canción “Nicaragua, Nicaragüita”. Dolly afirma que una de las principales características de la crisis política en su país ha sido la persecución de defensores de derechos humanos, de campesinos y campesinas, de estudiantes y feministas. Sólo el hecho de ser joven o de llevar la bandera de Nicaragua es razón suficiente para ser arrestado.

En noviembre de 2018 el gobierno de Ortega arrestó, deportó y le quitó la nacionalidad a la feminista histórica Ana Quiroz, conocida por su lucha por los derechos de la población LGTB. En diciembre, Miguel Mora, director del canal de televisión 100% Noticias –el primer canal de televisión en Nicaragua centrado solamente en información–, fue arrestado. En la noche, policías irrumpieron en el edificio del canal y se llevaron a Mora y a una de las periodistas más conocidas de Nicaragua, Lucía Pineda. Hasta hoy están en prisión, acusados de apoyar el terrorismo. Lucía Pineda duerme en el piso y no se le permite tener visitas, ni siquiera de sus familiares. Días atrás, un joven de 17 años fue asesinado por paramilitares. “El miedo de la gente puede sentirse”, dice Dolly.

Nicaragua desde el exterior

A pesar de los asesinatos y de las violaciones a los derechos humanos, la comunidad internacional prestó poca atención a la situación en Nicaragua, hasta que la crisis se profundizó el año pasado. Para Violeta, poco a poco las organizaciones y la comunidad internacional “van tomando conciencia de la situación y de la vulnerabilidad de muchos líderes de movimientos sociales, especialmente campesinos y campesinas, estudiantes y feministas”. El movimiento feminista a nivel global y las redes sociales han sido un gran apoyo para la lucha de las y los nicaragüenses, porque han permitido denunciar las violaciones a los derechos humanos que padecen.

Violeta prefiere no decir el nombre del país en el que se ha refugiado, porque no sabe hasta dónde llegará la persecución del régimen de Ortega. Tampoco sabe si podrá volver al país en el que nació. Fue una luchadora del Frente Sandinista, pero ahora dice que los viejos líderes son culpables de la situación que vive su país: “Son la antítesis de las utopías con las que soñábamos”.

Esta nota fue publicada originalmente en Alternativas de Desarrollo con Mujeres para una Nueva Era (DAWN, por sus siglas en inglés).