Este año se celebran tres décadas de la declaración de la Convención sobre los Derechos del Niño, el tratado internacional que reconoció por primera vez que las niñas y los niños tienen los mismos derechos que las personas adultas. No sólo eso: el documento establece, además, que necesitan una protección especial porque se trata de sujetos que todavía no alcanzaron el pleno desarrollo físico, emocional, afectivo y mental. También pone en cuestión prácticas familiares, sociales y culturales que estaban –y están– naturalizadas. En particular, que niñas y niños no son extensiones de sus madres o padres, que tampoco les pertenecen, y que no tienen derecho a ejercer ningún tipo de violencia sobre ellos en nombre de la “disciplina”. En las últimas décadas, el Estado uruguayo ha avanzado en materia de derechos de la infancia con el diseño de políticas públicas que tienen como marco esta convención y el Código de la Niñez y la Adolescencia, de cuya creación se cumplen 15 años.

Los 30 años de la Convención sobre los Derechos del Niño motivaron al Instituto Nacional del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU) a llevar a cabo distintas actividades sobre las violencias que se ejercen contra la infancia y la adolescencia. La presidenta del organismo, Marisa Lindner, explicó que todas giran en torno a dos ejes: uno tiene que ver con la participación y el protagonismo de las niñas, niños y adolescentes; el otro está dedicado a la sensibilización y promoción de derechos hacia una vida libre de violencia, orientado tanto a los protagonistas como a quienes trabajan a diario con las situaciones de violencia –operadores sociales, funcionarios policiales o de la Justicia, educadores, integrantes de los equipos de salud–.

El seminario “Por una vida libre de violencias”, organizado por el INAU, se enfocó especialmente en lo segundo. En la presentación de la actividad, Lindner planteó que el objetivo era tener una “jornada de reflexión” sobre las estrategias, las prácticas y las herramientas que tienen las y los operadores de los distintos sectores a la hora de dar respuesta a las situaciones de violencia contra niñas, niños y adolescentes para mejorarlas. “¿Cómo se protege? ¿Quién protege? ¿Hasta dónde son los límites para intervenir en las familias? ¿Cuáles son las respuestas que podemos dar desde los distintos mecanismos, que tienen que asegurar el derecho a vivir en familia, derecho sustantivo y básico para generar la protección de derechos?”, preguntó la titular del INAU, y enseguida les dio la palabra a las y los especialistas y representantes de instituciones estatales para que intenten, de alguna forma, mostrar el trabajo que vienen realizando y responder.

Definir y dimensionar la violencia

La violencia hacia niñas, niños y adolescentes “continúa siendo un problema social grave” en Uruguay y representa “una de las formas más extremas de vulneración de derechos”, alertó la coordinadora del Sistema Integral de Protección a la Infancia y la Adolescencia contra la Violencia (SIPIAV), María Elena Mizrahi. Por eso, antes de analizar los mecanismos para combatirla, es importante definirla. Mizrahi explicó durante el seminario que estas violencias “se han perpetrado y tolerado como resultado de inequidades históricas, culturales, estructurales, arraigadas en las relaciones sociales y en los diferentes ámbitos socioculturales, económicos y políticos”. Al mismo tiempo, dijo que la violencia en la sociedad “no responde a características particulares de las personas, sino que se sustenta en las relaciones de poder interpersonales”, que “implican la naturalización de la relación de dominación basada en las inequidades de género, generación y clase social”. En este esquema, las personas que se encuentran en las posiciones más vulnerables son los niños, niñas y adolescentes –personas en situación de dependencia– y las mujeres y disidencias sexuales. Por otro lado, Mizrahi insistió en la importancia de entender que el abuso físico, emocional y sexual contra niñas, niños y adolescentes es un problema de derechos humanos que “trasciende la privacidad, se constituye en un problema social público y, por ende, en una responsabilidad colectiva y de política pública del Estado”.

El SIPIAV fue creado precisamente para enfrentar de forma articulada la problemática de la violencia contra niñas, niños y adolescentes. Lo hace junto con otras instituciones que transitan por la vida de la niña, el niño y la o el adolescente cuando se detecta una situación de violencia, como pueden ser las escuelas, los centros comunitarios y los de salud. Uno de los principales aportes del organismo –presidido por el INAU– son los datos de atención que presenta todos los años. Mizrahi insistió en que no se trata de denuncias, sino de datos concretos de situaciones de violencia que fueron detectadas por los equipos técnicos.

En 2018, el SIPIAV registró 4.131 situaciones de violencia contra niñas y niños de seis a 12 años, que son los más fáciles de captar porque en general están escolarizados, aunque también constató casos que afectaron a bebés de hasta tres años. El número se traduce en 11 intervenciones por día y representa un aumento de 30% si se compara con las cifras de 2017. La coordinadora aclaró que los datos son parciales, porque es imposible llegar a todas las personas que atraviesan situaciones de violencia. En 64% de los casos abordados, las víctimas tenían 12 años o menos, y 55% eran niñas. En cuanto a los tipos de violencia, el maltrato emocional es el que más apareció (32%), seguido por el maltrato físico (25%) y el abuso sexual (23%). La enorme mayoría de los agresores eran familiares directos de la víctima (93%) y la mitad de ellos, por lo general varones, tenían entre 30 y 44 años.

Por otra parte, la mayoría de las situaciones fueron crónicas o recurrentes. Esto tiene que ver, sostuvo Mizrahi, “con la naturalización de la violencia, que hace que cuando nosotros llegamos a la familia, la violencia ya está instalada”. El SIPIAV destaca en el informe que los varones son los que tienen más naturalizadas estas situaciones. “Eso hace, en definitiva, a las masculinidades y es parte de lo que debemos abordar para trabajar en el cambio cultural que necesitamos”, dijo la referente. Agregó: “El cambio cultural y estructural es lo único que nos va a permitir que año a año disminuyamos las situaciones de violencia”.

En los casos específicos de abuso sexual –que sumaron 938– se detectó que tres de cada cuatro agresores fueron familiares directos o integrantes del núcleo familiar de convivencia. 83% eran varones, siendo 46% padres o parejas de la madre. En tanto, tres de cada cuatro víctimas eran niñas y 28% tenía menos de cinco años. El análisis de los datos reveló además que hay una “feminización de la violencia a partir de la preadolescencia”, aunque el abuso sexual en varones es más difícil de captar “por un tema de prejuicios”, dijo Mizrahi.

“Los adultos pensamos que los niños son adultos pero más bajitos”, criticó la coordinadora del SIPIAV. “Los niños no son adultos más bajitos. Dicen las cosas como pueden decirlas y nosotros tenemos que tener la capacidad y la capacitación para poder escucharlos y reaccionar”, afirmó.

Una legislación que acompañe y ampare

El Código de la Niñez y la Adolescencia, aprobado por la Ley 19.747 en 2004, establece en su artículo 15 que el Estado tiene la obligación de proteger especialmente a las niñas, niños y adolescentes de cualquier situación que ponga en riesgo su vida o incite a la violencia. También plantea qué acciones se deben tomar, en caso de que eso suceda, en el artículo que insta a adoptar “programas integrales y servicios especiales de prevención y atención médica y psicosocial a las víctimas de negligencia, maltrato, violencia o explotación laboral o sexual”.

Tiene, por otro lado, un capítulo dedicado a la protección de “los derechos amenazados o vulnerados” de las niñas, niños y adolescentes. El SIPIAV trabajó durante más de tres años junto con UNICEF para reformular ese apartado. El objetivo era crear nuevas normas con perspectiva de género y generaciones para garantizar los procesos de protección y acceso a la Justicia dentro de los estándares internacionales fijados por la Convención sobre los Derechos del Niño y la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer. El Parlamento uruguayo aprobó la reforma el 10 de abril.

¿Qué modificaciones fundamentales introduce? En primer lugar, define cuáles son los deberes y las responsabilidades de la defensa de las niñas, niños y adolescentes: informar y asesorar a la víctima acerca de sus derechos y llevar adelante las acciones judiciales necesarias para el restablecimiento, la protección y la efectividad de estos. Otro de los cambios es que los operadores no deben centrarse en la pericia de la víctima como único elemento probatorio determinante, especialmente en casos de violencia sexual, y en cambio tendrá que sumarle relevancia a la historia de la niña o el niño y a los informes que redacten los técnicos. “Antes la prueba era solamente el cuerpo del niño, y quienes trabajamos con casos de abuso sexual sabemos que no siempre podemos encontrar en el cuerpo del niño las pruebas suficientes para que después el perpetrador sea juzgado”, dijo Mizrahi durante el seminario. “Es clave elaborar pautas para la prueba en abuso sexual, no centrarse en el cuerpo de la víctima, determinar elementos orientadores, como la historia del niño, la escuela, la salud, el relacionamiento familiar y hacer una valoración del riesgo”, agregó.

Otras cuestiones que introduce la reforma del código es la prohibición del careo o cualquier tipo de confrontación de la víctima con el agresor, y la eliminación del consentimiento de la niña, el niño y el o la adolescente como factor para disminuir la responsabilidad de la persona perpetradora. Introduce además nuevas medidas cautelares y propone una reparación del daño mediante un abordaje integral e interinstitucional. Hasta ahora era considerada un problema exclusivamente psicoterapéutico. “Las niñas, niños y adolescentes necesitan reparación terapéutica, sin lugar a dudas, pero nosotros no podemos tener a alguien en supuesta reparación de daño cuando no tiene la documentación, cuando no está concurriendo a un centro educativo, cuando no tiene un espacio recreativo”, dijo Mizrahi al respecto. "La reparación del daño debe ser en la integralidad”, señaló.

El rol del Ministerio del Interior

Otro actor institucional que tiene diseñadas políticas específicas para abordar las situaciones de violencia hacia niñas, niños y adolescentes es el Ministerio del Interior (MI). Durante el seminario organizado por la INAU, la subdirectora técnica de la División de Políticas de Género de esa cartera, Cecilia Erhardt, dividió en tres bloques las acciones que su equipo realiza. El primero tiene que ver con capacitaciones y sensibilizaciones sobre violencia basada en género y generaciones a todos los funcionarios del MI.

Se agregaron módulos vinculados a estos temas en la currícula de los oficiales de la Escuela Nacional de Policía y se brindan talleres de actualización normativa a los diferentes operadores del ministerio en territorio. Erhardt aclaró que siempre se “prioriza” el personal de las unidades especializadas en violencia doméstica y de género, “que tienen más sensibilidad y empatía porque trabajan en la recepción de denuncias de violencia basada en género y generaciones”, y las seccionales, ya que a nivel nacional “son las primeras en dar respuesta a las familias”.

Otro bloque de acción es el que se dedica a la “protocolización” de la actuación policial frente a los casos de violencia basada en género y generaciones. En esta línea, se crearon dos protocolos: uno que establece cómo se deben informar estas situaciones a la población y los medios, sin exponer a las víctimas; y otro que define cómo debe actuar la Policía cuando lleva a cabo un procedimiento a personas adultas que tengan a su cargo niñas, niños o adolescentes.

El tercer eje apunta a la generación de material. Desde 2006, el MI elabora informes sobre los casos de denuncias de violencia sexual hacia niñas, niños y adolescentes, y este año empezó a trabajar en una investigación sobre violencia sexual y letal que abarca el período 2013-2017. Para la subdirectora, este tipo de estudios pueden visibilizar algunas cuestiones, como por ejemplo el hecho de que niñas, niños y adolescentes son “víctimas directas” cuando la violencia se ejerce hacia sus madres. “Muchas veces en las denuncias de violencia doméstica sólo aparece la madre como víctima y se invisibiliza a las niñas, niños y adolescentes que integran el núcleo familiar y que estaban insertos en esa situación”, explicó Erhardt. La idea es que los funcionarios policiales tengan la capacidad de indagar en la existencia de menores de 18 años vinculados a la denuncia de violencia doméstica, dijo la funcionaria; de esta manera, su situación será tenida en cuenta a la hora de adoptar una resolución judicial.