Beatriz Argimón, vicepresidenta electa, y Jorge Larrañaga, futuro ministro del Interior, se reunieron para pensar estrategias para abordar la violencia de género. Una de las definiciones que anunciaron es que en los casos de violencia de género que requieran el uso de tobillera electrónica y no haya disponibilidad este elemento, se llevará a cabo la custodia policial del agresor y no, como hasta ahora, de la mujer en situación de violencia. La razón de este cambio es que, “aparte de ser la víctima, tiene que sufrir las consecuencias de la custodia”, argumentó. La iniciativa se remonta a la campaña electoral, cuando el presidente electo, Luis Lacalle Pou, declaró: “Hay que vigilar al victimario, no a la víctima; vigilemos al que amenaza y no al amenazado”.

Actualmente, en los casos de violencia basada en género en los que la mujer corre riesgo de muerte, el uso de las tobilleras electrónicas es implementado a fin de mantener la distancia necesaria entre el victimario y la víctima, y el procedimiento está bajo el control de la Dirección de Monitoreo Electrónico (Dimoe). Cuando no hay disponibilidad de tobilleras o el proceso aún no se formalizó y falta la decisión final del juez, se recurre a la custodia policial para quien se encuentra en la situación de violencia.

Según los datos proporcionados a la diaria desde el Centro de Comando Unificado de la Policía (CCU), hay 987 tobilleras en funcionamiento para casos de violencia doméstica. Los 13 que faltarían para llegar a 1.000 son equipos que están en reparación, ya sea por mal funcionamiento o porque el agresor intentó quitárselo. Para casos de prisión domiciliaria hay 47 tobilleras colocadas. Hay, por otra parte, 295 casos en espera del dispositivo: como consecuencia, a 28 mujeres se les implementó la custodia policial. Las demás situaciones en dilación pero sin custodia se deben a que la mujer rechazó la custodia o a que, a nivel judicial, se está evaluando la peligrosidad de la persona afectada y la situación de la denuncia, según explicó Ana Sosa, directora del CCU. Sosa aclaró que la Jefatura de Policía de Montevideo informó recientemente que en la capital hay 68 custodias en actividad, 28 de las cuales corresponden a casos de violencia de género. “La demanda de violencia doméstica representa a 40% de los eventos de prioridad uno, que es todo lo que demanda riesgo de muerte”, afirmó.

Una vez implementada la custodia, las y los policías permanecen –sin ingresar– las 24 horas en la residencia de la persona en situación de violencia, y acompañan todo movimiento que esta lleve a cabo. Las custodias son dos o tres al mismo tiempo, con un régimen de ocho horas cada una, por lo que cada día se requieren seis policías. En determinados casos, cuando los policías necesitan resguardo, se incluye un móvil que, en ocasiones, es blindado.

Según el actual director nacional de Policía, Mario Layera, hay 600 policías mensuales dedicados exclusivamente a custodiar a quienes están en situación de violencia de género. Layera es una de las personas vinculadas a la seguridad que dieron su opinión a la diaria sobre esta propuesta. Quien ocupará su lugar en el futuro gobierno, Diego Fernández, declinó hablar sobre el tema: “Estoy por fuera”, dijo.

Según una fuente del gobierno entrante, el criterio que impera es el de que quien debería tener la custodia es el agresor, a los efectos de evitar la revictimización de la persona agredida. Según consignó, en la nueva administración se potenciará el área de políticas de género y se trabajará junto con otros organismos del Estado, como el Poder Judicial y la Fiscalía, además de organizaciones sociales para solidificar el criterio. “Obviamente, se estará en sujeción a los mandatos judiciales”, explicó.

En ese sentido, se hará un esfuerzo presupuestal para cumplir con la Ley Integral de Violencia hacia la Mujer Basada en Género. En el caso de las tobilleras electrónicas, además de la necesidad de aumentar la cantidad disponible, se prevé sancionar penalmente a quienes la rompan. Dijo también que “se trabajará en un nuevo protocolo que contemple la mayor protección posible a las víctimas, y se formará a los policías en la temática”.

Mario Layera, actual director nacional de Policía

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Custodiar al agresor es muy complicado. Si ya lo es custodiar a la víctima, más difícil aun será vigilar al agresor. En la medida en que los protocolos se hagan más transparentes y más específicos para cada caso, se podrá hacer más apreciaciones evaluando los riesgos como corresponden.

Esta propuesta podría ser de emergencia, pero no podría ser de largo plazo. Hay que tomar otro tipo de medidas, que apunten a la tecnología y no tanto a los recursos humanos. De lo contrario, esto le insumiría a la Policía aun más personal del que ya se usa. Por supuesto que es algo que lo justifica, pero tendrían que ser recursos planificados e incorporados para no descuidar al problema de seguridad del resto de la ciudadanía; necesitamos policías en las calles.

Cada situación debe ser estudiada por los jueces. En caso de que se aplique de una manera indiscriminada la custodia de los agresores, va a incidir notablemente sobre el despliegue preventivo de la Policía para toda la ciudadanía, porque esos policías saldrán de las comisarías y de los grupos de patrullaje. A su vez, si bien los policías están formados en el tema, tienen que tener una concientización del riesgo y la gravedad que significa la violencia de género.

Hay caminos intermedios, como el alojamiento del agresor cuando no está trabajando, si se justifica, o el uso de tobilleras electrónicas que permitan un control a la distancia y que sea monitoreado por la Policía, como se hace hasta ahora, con buenos resultados. Esta medida puede ser muy peligrosa para la víctima, porque un error puede ser fatal, y también puede elevar considerablemente el riesgo de muerte de quienes custodian.

A veces se fundamenta con la pérdida de libertad individual que, en cierta medida, sufre la víctima al estar custodiada o mitigada por el Policía. Los defensores de la custodia al agresor buscan que estos sean mitigados. Se va a necesitar más presupuesto y más policías. Es difícil estimar cuántos más, porque es una problemática con una tendencia importante de crecimiento. En prevalencia de denuncias va en aumento, sólo es superada por las denuncias de hurto y rapiña.

Pero además, hay mucho riesgo de que el agresor se escabulla; de noche, por ejemplo, habría que estudiar dónde pernocta el victimario. Si es en una casa, la Policía podría perderlo de vista. Habría que estudiar las entradas y salidas que tiene la vivienda, que pueden ser muchas, por lo que generalmente con dos policías no se alcanza para tener todas controladas.

Hasta ahora, lo que ha demostrado que tiene 100% de efectividad son las tobilleras. La custodia de la víctima ha probado que si ella colabora, no debería haber errores. Ha habido tentativas de femicidio, pero fueron disuadidas por la Policía.

Marina Morelli Núñez, activista e integrante de Mujer Ahora

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En base a titulares y escuetas declaraciones, no sabemos bien qué es lo que se va a hacer ni en qué situaciones. El tema es mucho más serio: se necesitan documentos, se necesita saber cómo, se necesita saber la fundamentación. Es una cuestión técnica que la declaración no permite avizorar. De todas formas, es un sinsentido, es un desconocimiento absoluto sobre el sistema de protección a las mujeres sobrevivientes que, con esto, se empieza a desmoronar lo que ha costado mucho tiempo construir.

Todos los recursos del Estado deberían ser puestos para proteger la vida de la víctima. Hay que recordar que la medida es subsidiaria a la ausencia de tobilleras –porque nadie aspira a esa medida como una primera elección– y se circunscribe solamente a los casos de riesgo de muerte. Pero si lo que quiero es proteger a la víctima y le coloco la custodia al agresor, estoy desconociendo cómo funciona el fenómeno. Porque ya no sería custodia de protección, sino una custodia como la de cualquier otro delito. Supongo que el Estado no se va a poner a proteger a los agresores.

La custodia hacia las mujeres en estos casos tiene un protocolo específico que no tiene que ver con la custodia policial que usualmente conocemos. Además, si yo pongo la custodia al agresor, dejo desprotegida a una persona que está en riesgo. Esas víctimas pueden ser agredidas por los círculos de lealtades del agresor. A veces les queman las casas, a veces les rompen cosas, a veces les pegan. Después hay muchísimas situaciones en las que se dispone la custodia porque la persona está prófuga, ¿van a mandar a un policía a pasear por el país?

Nada garantiza que poniendo la custodia al agresor la víctima no vaya a ser lastimada, agredida o asesinada. Asimismo, todo este tema ingresó en el medio de una campaña política, por iniciativa de quien hoy es el presidente electo [Luis Lacalle Pou], como un comentario que refería a una anécdota de una conversación que había tenido con una mujer que estaba molesta con la custodia. No es la manera de ingresar un tema de este tipo. Más allá de que alguien se le haya acercado y le haya dicho que estaba disconforme con la custodia, nunca se sentó a decir técnica y objetivamente por qué, cuáles son los datos cuantitativos que maneja el Ministerio del Interior como para pretender hacer un cambio tan drástico.

Me parece que esta medida, junto a otras que se anunciaron, muestra la intención de liberar a la institución policial para que se ocupe de las cosas verdaderamente importantes y relevantes –que suele ser la propiedad privada– y se vuelva a relegar esta temática. Porque este anuncio vino acompañado del de la Dirección de Policías. ¿Cuántos funcionarios policiales hay para enfrentar 40.000 denuncias? ¿Cuántos autos? ¿Cuánto dinero?

Si dicen que no ha funcionado la custodia, mienten. Si dicen que hay muchas mujeres que se sienten molestas por la custodia, no se ha estudiado. Lo mejor que hacen en este tema es diseñar discursos e instalarlos como si fueran ciertos, y la gente comienza a repetirlos. Me extraña, pero a la vez me cierra, porque en base a eso es como ahora van a desmontar el sistema de protección. Lo que veo es que es a ensayo y error. Y lo que está en riesgo es la vida de las mujeres.

Gloria Rodríguez, actual diputada del Partido Nacional y electa senadora para el próximo período de gobierno

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Estoy totalmente de acuerdo con la propuesta. Quienes trabajamos en estos temas venimos hablando de esta situación desde hace muchísimo tiempo, y tenemos diálogo permanente con mujeres víctimas de violencia. Sabemos lo que significa la custodia: es un castigo adicional, que la limita en su privacidad, en el trabajo, en su vida íntima. Acá todo esfuerzo del aparato de seguridad, como la custodia y las tobilleras, tiene que ser hacia el agresor.

La mujer con custodia termina renunciando a ella porque se ve perjudicada en lo laboral. Queda dependiendo de la tobillera, si es que la tiene, si no queda desprotegida, porque lo primero que hace esta mujer es cuidar su trabajo. Sabemos de muchísimos casos de mujeres trabajadoras que tienen problemas por esto. Ante la chance de perder su trabajo, que para muchas es lo único que tienen para sacar a su familia adelante, renuncian a la custodia. Ahí es donde encontramos las situaciones de violencia que muchas veces terminan con la vida de la mujer que es agredida.

Cuando el futuro ministro del Interior asuma su cargo, se brindarán los detalles de cómo será implementada esta propuesta. Han estado reunidos con Beatriz Argimón para crear una dependencia específica: se va a trabajar en otras formas de darle mayor protección a la mujer. Las tobilleras son 100% eficaces, y se piensa implementar más. Trabajaremos para disminuir los casos violentos que estamos viviendo.

Nuestra preocupación está en la emergencia nacional. El presidente sacó la resolución, pero no hemos sabido de avances ni de protocolos. Llegado el momento, también se hará público el protocolo del que han hablado Argimón y Larrañaga. Reitero mi total apoyo a las medidas que han anunciado. Trabajaremos para y con las mujeres que sufren violencia.

Nelsa Viscailuz, directora de la Dimoe

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La víctima, que es la persona a proteger, va a quedar desprotegida. Si se custodia al agresor no quiere decir que la Policía esté mirando lo que hace con su celular, ni viendo las charlas que tiene con sus amigos. Él puede programar algo por intermedio de terceros hacia la víctima, y ella puede ser lesionada; ella es a quien hay que proteger.

Si bien algunas veces la víctima rechaza la custodia, y está en todo su derecho, porque puede perjudicar el tránsito de su vida, finalmente, es su protección.

En nuestro sistema debería ser inamovible la custodia para la víctima. No es admisible la custodia para el agresor. Si bien algunos jueces ya lo están disponiendo, porque la víctima no la quiere para ella, puede ser muy riesgoso: en algunos casos dará resultado, pero en otros es posible que no. Y los costos en esos casos son demasiado altos. No estamos de acuerdo con la medida, porque puede no cumplir el objetivo final: la protección de las mujeres.

Mariella Mazzotti, directora de Inmujeres

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El Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) acompaña el análisis del Ministerio del Interior y concuerda: podemos entender que para las mujeres muchas veces la custodia resulta una carga, pero el juez la define en los casos en que no sólo están a la espera de tobilleras. También en los que se requiere tiempo para estudiar la situación con el equipo técnico, para ubicar al hombre, para tomar alguna resolución.

De hecho, hay un número de custodias que es relativamente bajo en relación con las personas que están esperando tobilleras. No es por falta de tobilleras la cuestión de la custodia, sino por estas otras situaciones que hacen que el juez determine la medida.

El concepto de custodia, a su vez, está vinculado con la protección; por lo tanto, se protege la vida de la persona que se considera que está en riesgo, en este caso la de las mujeres. También hay que tener en cuenta que normalmente las custodias las define el juez, generalmente de familia, o los de violencia especializados en doméstica, que actúan en materia civil. Esto quiere decir que el hombre no está formalizado en relación con la Justicia Penal y, por lo tanto, no se le puede poner una restricción constitucional de su libertad de movimiento.

Estamos de acuerdo en que no se puede hacer uso y abuso de las custodias, pero, efectivamente, muchas veces las mujeres van a hacer una denuncia y hay una situación de riesgo: el hombre se escapó, se escondió, no se lo ubica rápidamente para colocarle la tobillera y, por lo tanto, hay que proteger a la mujer y hay que ponerle la custodia. O si el juez evalúa que hay un riesgo inminente mientras espera el informe del equipo técnico, no hay más remedio que colocar la custodia con el fin superior de la protección de la vida de las mujeres, y muchas veces también de sus hijas e hijos.

Colocarle la custodia a un hombre es un contrasentido, porque no se protege a la mujer y tampoco se puede restringir la libertad del hombre. El hombre tiene libertad de movimiento; eso significa que puede escaparse, no tiene que avisar a dónde va, etcétera. Otra cosa muy distinta es que la situación estuviera ya formalizada por la vía penal y, por lo tanto, Fiscalía puede pedir prisión domiciliaria o algún otro tipo de restricción a la libertad.