La declaración de la emergencia sanitaria el 13 de marzo para evitar la propagación del coronavirus en Uruguay se basó, entre otras medidas, en la exhortación al confinamiento voluntario y el distanciamiento social. Quedarse en casa aparecía, así, como una de las principales recomendaciones para mantenerse a salvo del virus. Pero la experiencia de otros países que ya vivían la crisis de covid-19 mostraba que, justamente, quedarse en casa era la opción menos segura para muchas niñas, adolescentes y mujeres que convivían con varones violentos. Por eso, apenas se decretó la emergencia, organizaciones y colectivos feministas alertaron sobre los riesgos de un incremento de la violencia de género también en Uruguay.

Los mecanismos estatales encargados del abordaje de la problemática emprendieron acciones para hacerle frente en este contexto. El Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) –organismo rector de las políticas de género– reforzó a los pocos días el sistema de respuesta telefónica para asesorar a mujeres en situación de violencia (0800 4141) y lanzó una campaña de difusión para que este servicio llegue tanto a las víctimas como a su entorno familiar y comunitario.

El Ministerio del Interior (MI), a través de la División Políticas de Género, también tomó medidas para dar respuesta a la violencia de género durante el confinamiento. Al igual que el Inmujeres, la cartera apuntó al fortalecimiento de la estrategia de difusión de todas las vías disponibles para que, entre otras cosas, las mujeres puedan denunciar.

103 días después de la declaración de la emergencia, quedó demostrado –por si había alguna duda– que la violencia hacia las mujeres es “la otra pandemia”, como aseguran en estos días distintas voces de la sociedad civil. En una primera evaluación, el Inmujeres advirtió que el número de llamadas a la línea de atención y asesoramiento aumentó 80% durante los dos primeros meses del aislamiento voluntario, a la vez que el MI aseguró que las denuncias policiales bajaron. Los dos fenómenos no son contradictorios: dejan en evidencia que hubo un aumento de las situaciones de violencia en los hogares, pero que, en un contexto de encierro y aislamiento social, las mujeres se enfrentan a más obstáculos a la hora de denunciar.

Representantes del Inmujeres y de la División Políticas de Género del MI expusieron sobre el trabajo que realizaron desde que llegó la pandemia a Uruguay, en un seminario web organizado la semana pasada por ONU Mujeres. El intercambio sirvió para analizar los datos de la violencia de género, compartir experiencias y hacer una evaluación sobre la situación actual.

Inmujeres: asesoramiento y contención

El Sistema de Respuesta a la Violencia Basada en Género del Inmujeres abarca una serie de servicios que, en líneas generales, busca atender, asesorar y proteger a las mujeres en situación de violencia. El más conocido es el 0800 4141, pero el sistema incluye también centros de breve estadía para mujeres que corren un riesgo de vida inminente o los de estadía transitoria para aquellas que transitan un proceso de salida de la situación de violencia. Ninguno de estos servicios dejó de funcionar durante la emergencia sanitaria, e incluso algunos se reforzaron, pero el instituto evaluó poner el foco en la atención telefónica.

“Sabíamos que seguramente las mujeres iban a enfrentar barreras para concurrir a los servicios o solicitar apoyo en forma presencial por el propio aislamiento, entonces pensamos en el servicio telefónico a nivel interinstitucional como una respuesta que se ubicara en primera línea como recurso para acercarnos a las mujeres y a sus necesidades”, explicó la coordinadora del Sistema de Repuesta, Adriana Fontán, en la actividad virtual de ONU Mujeres. “Es un servicio que realmente ha tomado un rol protagónico y muy activo para dar respuesta a la situación de emergencia sanitaria”, agregó. Por eso, y porque se esperaba un aumento de las llamadas, la primera medida fue sumar nuevas operadoras telefónicas.

El segundo paso, definido por el Consejo Nacional Consultivo por una Vida Libre de Violencia de Género, fue lanzar la campaña de difusión “colocando el 0800 4141 como un recurso accesible, tanto para las mujeres que podían estar viviendo las situaciones, como para familiares, personas del entorno de la mujer, que junto con el recurso del 911 para las emergencias se constituyera en una respuesta disponible para el acercamiento a una atención”, dijo Fontán.

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La coordinadora aseguró que a partir del 13 de marzo hubo “un aumento bien significativo de las llamadas”. Según los datos disponibles, entre abril y mayo el número de llamadas para atención y asesoramiento alcanzó las 64 por día. El pico se registró en abril, mes en que se atendieron 2.231 consultas, es decir, cerca de tres llamadas por hora o una cada 20 minutos.

Fontán detalló que “un alto porcentaje” de las llamadas “fueron de familiares o de terceras personas del entorno de la mujer preocupadas por la situación que esa mujer y sus hijas o hijos podían estar viviendo”. Este dato, a su entender, muestra “el impacto de las campañas públicas, pero también el involucramiento que como comunidad ha crecido muy fuertemente respecto a esta problemática”.

Por otro lado, la coordinadora dijo que, si bien el servicio telefónico del Inmujeres no está orientado para las emergencias, la atención a situaciones “de riesgo alto” se quintuplicó durante la pandemia respecto de los meses anteriores. “Fueron muchas situaciones en que constatamos gravedad y que requirieron una coordinación activa con el 911 para garantizar la protección”, explicó Fontán.

El 0800 4141 es gratuito, confidencial, de alcance nacional y funciona los 365 días del año. Fontán recordó que el servicio –gestionado en convenio con la Fundación Plenario de Mujeres del Uruguay– “brinda orientación, contención y asesoramiento a las mujeres que se encuentren en situación de violencia doméstica y que llamen a este teléfono, pero también a familiares o técnicos que puedan estar referenciando las situaciones de estas mujeres”.

Y explicó cómo funciona: “Trabajamos con un equipo de orientadoras que son especializadas, formadas en la temática de violencia de género, que buscan generar una escucha activa para estas mujeres que llaman, establecer una comunicación que esté basada en la empatía y que pueda realmente conectar con sus situaciones”. A lo largo de la llamada, dijo Fontán, las operadoras identifican las necesidades que plantea la mujer para realizar un diagnóstico de su situación que logre determinar el grado de gravedad. En base a eso, le sugieren qué pasos puede dar y hacen una “derivación responsable” hacia otros servicios que estén presentes en territorio “para que sigan trabajando con ella en una clave de proceso de salida de esa situación de violencia”.

MI: registro, monitoreo y estrategia comunicacional

Como dice en el comienzo de la nota, al mismo tiempo que hubo un aumento de llamadas al número del Inmujeres, se registró un descenso de las denuncias policiales. En concreto, el licenciado Christian Gularte, encargado de procesar los datos de violencia de género en la División Políticas de Género del MI, dijo durante el seminario que del 13 de marzo al 31 de mayo hubo una disminución de 5% de las denuncias por violencia doméstica y delitos asociados. Precisó, además, que el período en que más se marcó esta baja fue durante la primera quincena de abril.

Por otro lado, Gularte dijo que desde el 1º de enero al 31 de mayo el MI contabilizó siete femicidios, en su mayoría íntimos, es decir, “que se enmarcan en un vínculo de pareja, ex pareja o afectivo-sexual entre la víctima y su femicida”. En comparación con los datos del año anterior, hubo un incremento de este tipo de crímenes en los meses de marzo y mayo. Este último fue el mes con más femicidios y tentativas de femicidio desde el comienzo de la emergencia sanitaria.

Gularte recordó que para contabilizar los femicidios el ministerio tiene en cuenta la normativa uruguaya –en particular la Ley 19.538, que crea el agravante de femicidio– y “otros elementos que hacen presumir la existencia de odio, desprecio o menosprecio hacia una mujer por su condición de tal”. Aclaró, además, que el vínculo entre víctima y agresor “no siempre determina que se trate de un femicidio”, sino que también entran en juego otros indicadores como el motivo o la intención del delito.

La División Políticas de Género del MI está actualmente encabezada por Angelina Ferreira, quien durante la conferencia virtual explicó algunas de las acciones que ha realizado el ministerio en estos meses para dar respuesta a la violencia de género en el contexto de covid-19. En ese sentido, dijo que se llevó adelante una estrategia comunicacional dirigida a “la sociedad en general” para “informar y reiterar los diferentes canales en que se pueden realizar las denuncias policiales específicamente ante situaciones de violencia basada en género”. La medida más novedosa en ese marco fue la implementación de una ventana emergente en el sitio web del MI con las diferentes vías para denunciar.

Ferreira recordó que las denuncias se pueden hacer de forma presencial en las seccionales policiales y las unidades especializadas en violencia doméstica y de género. En tanto, a la distancia, los canales de denuncia son el servicio del 0800 5000 –gestionado por la Dirección de Asuntos Internos del MI–, la denuncia en línea a través de la página web, y el 911 para casos de emergencia, que si se utiliza desde la aplicación móvil tiene un botón de pánico específico para las situaciones de violencia de género.

La estrategia comunicacional durante el confinamiento también incluyó que “la unidad aérea y los móviles policiales de respuesta en todo el país agregaran en su exhorto de quedarse en casa la advertencia de que ante una situación de violencia doméstica las personas se comuniquen con el 911”, mencionó Ferreira. La misma información fue incorporada en las pantallas colocadas en rutas nacionales.

A la vez, puntualizó que, pese a las medidas sanitarias decretadas, la Dirección de Monitoreo Electrónico (Dimoe), donde funciona el centro de control de las tobilleras electrónicas, siguió trabajando “de tal forma que permitió una respuesta eficaz a las alertas del monitoreo para garantizar la protección de las víctimas”.

La funcionaria recordó que la División Políticas de Género continúa atendiendo de forma presencial y no presencial todas las consultas que se realizan, “principalmente por parte de víctimas que quieren hacer seguimiento de denuncias o manifestar inquietudes por incumplimiento de medidas de protección”.

Una mirada desde la sociedad civil

¿Cuáles son para la sociedad civil los desafíos que deja planteados la emergencia sanitaria en materia de violencia de género? Durante la actividad de ONU Mujeres, Andrea Tuana, directora de la organización civil El Paso, integrante de la Intersocial Feminista y representante de la Red Uruguaya de Lucha contra la Violencia Doméstica y Sexual, mencionó siete:

  • Garantizar los estándares de atención de violencia basada en género establecidos en los compromisos internacionales ratificados por el Estado uruguayo.
  • Fortalecer los servicios de respuesta a las situaciones de emergencia para que estén disponibles las 24 horas e incluso en localidades pequeñas o rurales.
  • Trabajar de manera interinstitucional en las respuestas específicas para las mujeres que están en situación de pobreza.
  • Generar estrategias articuladas para el abordaje de las mujeres con hijas e hijos.
  • Garantizar el derecho a la atención especializada de las víctimas de trata y explotación sexual.
  • Abordar de manera integral la situación de las trabajadoras sexuales para dar respuesta a los múltiples niveles de violencia que atraviesan, y mejorar tanto las condiciones de vida como las del ejercicio del trabajo.
  • Generar estrategias de prevención de embarazos forzados en niñas y adolescentes.